En un esfuerzo por modernizar y simplificar el marco regulatorio empresarial, la Comisión Europea ha lanzado el paquete Ómnibus. El primer paquete Ómnibus tiene como objetivo actualizar directivas clave como la CSRD (Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa) y la CS3D (Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad). Las reformas están motivadas por el informe Dragi, que identifica un cambio necesario para mejorar la competitividad, y aceleradas por las políticas de desregulación promulgadas por la administración Trump en los Estados Unidos.
El informe Dragi sirvió como una llamada de atención sobre los desafíos que enfrenta la competitividad europea debido a la carga regulatoria existente y las propuestas realizadas, y aún pendientes muchas de poner en marcha, no se centrarán exclusivamente en sostenibilidad, pero han comenzado con la sostenibilidad. Desde su concepción, las directivas CSRD y CS3D han sido objeto de intenso debate y controversia. Estas normativas se desarrollaron con la intención de establecer un conjunto de estándares más rigurosos y transparentes para la sostenibilidad, pero su implementación requiere de un esfuerzo arduo para las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, que carecen de los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para implantar adecuadamente estas normas. Esta dificultad para aplicar las directivas de manera uniforme y eficaz ha sido uno de los motores principales que han impulsado la propuesta del paquete Ómnibus, que busca simplificar y hacer más accesibles estas regulaciones.
Los principales cambios propuestos por la Comisión Europea se centran en la simplificación de requisitos, la exclusión de empresas obligadas y el retraso en los plazos de aplicación, para lo cual se adoptaron el 26 de febrero dos propuestas de directivas por las cuales se modificarían la CSRD y la CSDD, un proyecto de acto delegado por el que se proponen modificar los actos delegados en materia de Taxonomía y dos propuestas de reglamento por las que se modificaría el Reglamento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el Reglamento InvestEu.
Dos nuevas directivas
En concreto, de las dos directivas la primera, conocida como «stop the clock», ya ha sido aprobada en trámite parlamentario y propone retrasar dos años la aplicación de la directiva CSRD a las empresas a las que inicialmente le aplicaba en el 2025 y 2026 y retrasar un año la aplicación de la CS3D. La segunda directiva, conocida como «de contenidos», propone mayores cambios que implicarán un debate y cuya aprobación, en su caso, tardará más tiempo, habida cuenta de que las modificaciones sugeridas son más controvertidas y requerirán de la aprobación de una mayoría simple en el Parlamento europeo. El PP europeo deberá decidir con quién negocia su propuesta, si con los socialdemócratas (su socio habitual en Europa) o con los partidos a su derecha, pero la negociación no va a ser fácil.
Esta segunda directiva «de contenidos», y que aún está debatiéndose, plantea varios cambios, pero citaré solo los que más controversias van a generar. En lo que concierne a la directiva CSRD:
- • Ampliación del umbral de aplicación de la CSRD a las empresas de más de 1000 empleados que además tengan 50 millones de ingresos o 25 millones de activos;
- • simplicación de los estándares europeos de reporting y de los requerimientos de información de la cadena de valor;
- • eliminación de la posibilidad de transicionar de un assurance limitado a un assurance razonable.
En cuanto a la directiva CS3D destacaría los siguientes:
- • se suprime el régimen armonizado de responsabilidad civil;
- • las empresas solo deberán implicar en los procesos de diligencia debida a los trabajadores y a las comunidades y personas directamente afectadas;
- • se debe de actualizar el proceso de diligencia debida cada cinco años, con evaluaciones específicas cuando sea necesario;
- • se suprime la posibilidad de que los Estados miembros establezcan normas de diligencia debida más estrictas;
- • se limita la cantidad de información que pueden pedir las grandes empresas a las PYMES; vi) las empresas objeto de la CSDDD seguirán encontrándose obligadas a adoptar un plan de transición para mitigar el cambio climático, si bien la Propuesta Ómnibus I propone eliminar la previsión de que la Directiva obligue a ponerlo en práctica.
Reacciones al paquete Ómnibus
La introducción del paquete Ómnibus ha generado respuestas variopintas entre los grupos de interés involucrados. Las asociaciones empresariales han alabado rápidamente las reformas como una oportunidad para reducir la carga burocrática y estimular la competitividad global. Para estas asociaciones, el paquete Ómnibus representa un paso hacia un entorno donde las empresas pueden enfocarse más en la innovación y en la creación de valor agregado sin estar atadas por procesos regulatorios excesivos.
Sin embargo, esta bienvenida no ha sido universal en el sector privado. En una encuesta realizada por «WeAreEurope» a más de 1000 grandes empresas europeas, se observa que más del 50% desaprueba las propuestas del paquete Ómnibus. Asimismo, varias voces del sector financiero están en contra de reducir los umbrales de aplicación ya que para dar respuesta a los requerimientos del supervisor bancario necesitan de datos e información de sus contrapartes, no solo de las empresas grandes sino también más pequeñas. En esta misma línea se ha pronunciado el Banco Central Europeo, que está de acuerdo con la simplificación pero no con reducir los umbrales de aplicación.
Por otro lado, varias ONG y grupos dedicados a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos han expresado sus inquietudes. Temen que una simplificación excesiva de las normativas pueda resultar en un relajamiento de las protecciones esenciales en materia ambiental y social. Estos grupos enfatizan la importancia de mantener un marco regulador robusto que lidere no solo en competitividad, sino también en responsabilidad y ética.
A nivel de los gobiernos de los países miembro, también hay ciertas diferencias de opinión. España, por ejemplo, propone meter en el alcance de aplicación de la CSRD a todas las grandes empresas y algunos países proponen, por el contrario, subir los umbrales de aplicación. En el ámbito de la CS3D, países como Alemania y Francia, con gran peso en las decisiones a nivel de Europa, han llegado a proponer eliminarla.
El panorama político revela cierta aceptación dentro del Consejo Europeo, donde muchos ven el paquete como un avance necesario hacia la modernización económica. Sin embargo, la recepción es más cautelosa en el Parlamento Europeo, donde las preocupaciones sobre el equilibrio entre desregulación y protección siguen siendo un punto de deliberación esencial y donde la postura entre los socialdemócratas y la derecha dista de acercarse.
Crítica
En definitiva, el paquete Ómnibus representa una apuesta audaz por parte de la Comisión Europea y con un enfoque equilibrado y una estrategia de implementación cuidadosa, podría ser un buen catalizador para generar un entorno positivo donde las empresas europeas no solo compitan globalmente, sino que también operen de manera que respalden la sostenibilidad y el bienestar social a largo plazo. Dicho lo cual, personalmente abogo más por simplificar los requerimientos de información que por desregularizar y eliminar del umbral de aplicación a muchas grandes empresas, sin cuyos datos e información de sostenibilidad la reorientación de flujos de capital hacia actividades más verdes va a ser complicado que ocurra. El sector financiero necesita de datos de su contraparte en un contexto de divulgaciones prudenciales y revisiones supervisoras.
Por otro lado, y a pesar de que la razón para que las empresas trabajen en sostenibilidad no debe ser regulatoria, mi experiencia de más de 20 años dedicado a la sostenibilidad me demuestra que son pocas las empresas que ponen en marcha programas potentes en sostenibilidad sino cuentan con una regulación detrás que les empuje. Nos toca, por tanto, a los que no dedicamos a esto, convencer al mercado de las bondades para el negocio, que son muchas, de crear valor a través de la sostenibilidad, contribuyendo no solo a mejorar la reputación, sino también a la reducción de costes y la generación de ingresos.