
Virginia Carcedo
Secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo

El Pleno del Congreso ha aprobado -con 313 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención- la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE con la que se plantea una reforma legislativa para que el incumplimiento de la cuota mínima de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad (2% en empresas de más de 50 profesionales) pase de ser considerada como una infracción grave a una muy grave, con el consiguiente aumento de la sanción correspondiente.
El texto, además de incorporar como muy grave el no cumplimiento de la cuota de reserva, establece la prohibición de que las empresas sancionadas puedan acogerse a contratos públicos y subvenciones.
Cierto es que esta es una iniciativa garantista, pero también lo es que la contratación de personas con discapacidad debería hacerse por convencimiento, más allá de las obligaciones legales existentes.
En este sentido la proposición de ley puntualiza que "esta modificación debe acompañarse de otras medidas dirigidas a la sociedad en general, y el empresariado en particular, buscando generar una mayor conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento y desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, de manera específica, de los beneficios que tiene para toda la ciudadanía conseguir la plena inclusión laboral de este colectivo".
Adicionalmente, se prevé que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará durante los próximos tres años campañas específicas para verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas.
Enfoque estratégico
En mi opinión, más allá de aumentar las multas, hay que seguir trabajando para que la contratación de personas con discapacidad sea para las empresas una oportunidad, no una carga. En este sentido, tenemos que poner los esfuerzos en conseguir que las empresas apuesten por un enfoque estratégico que reconozca el talento de las personas con discapacidad como parte fundamental del capital humano de su organización, las integre en su estructura y ofrezca oportunidades de desarrollo profesional.
Así, las compañías que se rijan por este convencimiento no solo cumplirán la ley, sino que la superarán, porque al incorporar a sus plantillas el talento de las personas con discapacidad obtendrán una ventaja competitiva ya que un equipo diverso es siempre más innovador y productivo. Además, mejorarán su reputación al generar una imagen positiva por su contribución a la promoción de una sociedad más justa y equitativa.
Por tanto, cumplir con la ley por convencimiento conlleva una evolución de la idea de la responsabilidad social corporativa hacia una estrategia de gestión del talento que promueva la inclusión de personas con discapacidad como una vía para fortalecer la empresa desde el punto de vista humano y productivo. Como dice un proverbio etíope, "cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león".