Alexandra Lozano Echle
Abogada Laboralista de CECA MAGÁN ABOGADOS
Se ha planteado el debate respecto a si las empresas españolas también tienen obligación de proporcionar gafas o lentes graduadas, a aquellas personas trabajadoras que acrediten la necesidad de su uso en la utilización de pantallas de visualización durante la prestación de sus servicios, tras ser conocida el pasado mes de enero la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
El fallo resuelve la petición prejudicial planteada por un Tribunal de Rumanía, a fin de que el TJUE interpretase si, en base a la normativa europea en materia de prevención de riesgos laborales, existe tal obligación, con respecto a la reclamación por parte de un trabajador a su empresa del reembolso de sus gafas correctivas prescritas facultativamente debido al deterioro de su vista por el continuado uso de una pantalla de ordenador.
Si bien la normativa española vigente en materia de prevención de riesgos laborales no contempla todavía esta obligación, la nueva sentencia del TJUE tiene carácter vinculante para los estados miembros.
La referenciada Sentencia del TJUE confirma que, de conformidad con lo previsto en artículo 9.3, de la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, dentro de los dispositivos correctores especiales que las empresas están obligadas a poner a disposición de las personas trabajadoras para la prestación de sus servicios sí que se comprende las gafas y lentes graduadas que sirvan tanto para corregir, como prevenir, trastornos de la vista relacionados con el desempeño de tareas que se realicen utilizando tales pantallas .
El TJUE concreta en su sentencia que dichos dispositivos no se circunscriben únicamente a las gafas o lentes graduadas utilizadas exclusivamente en el ámbito profesional. Por lo que, el hecho de que la persona trabajadora también tenga la necesidad de utilizar gafas o lentes graduadas también en su ámbito personal no supone un motivo para eximir tal obligación.
La sentencia también hace hincapié, en que las empresas no pueden exigir a las personas trabajadoras que demuestren que la necesidad de utilizar gafas o lentes graduadas se ha ocasionado debido al deterioro de su vista como resultado de su trabajo con pantallas de visualización. Por tanto, con la aportación del oportuno informe médico que prescriba la necesidad correctiva y/o preventiva, de gafas o lentes graduada para el uso de pantallas de visualización, sería suficiente para que se devengue la obligación por parte de la empresa, sin necesidad de acreditar el nexo causal.
REQUISITOS
De acuerdo con los extremos confirmados por la sentencia del TJUE, será preceptivo que la persona trabajadora aporte un informe emitido por un médico especialista u oftalmólogo, que determine que la misma requiere gafas o lentes graduadas para el uso de pantallas de visualización en el desempeño de sus funciones, tanto si es por necesidad correctiva por existir una patología, como si se trata de una necesidad preventiva para evitar el desarrollo de nuevas patologías.
Ahora bien, la empresa tendrá la opción de requerir a la persona trabajadora solicitante que acuda al médico del servicio de prevención que tenga contratado, a fin de que, a través de este, se le prescriba pasar por un reconocimiento oftalmológico que así lo confirme con su valoración facultativa. En este sentido, la empresa, a través del servicio de prevención, podrá indicar a qué especialista oftalmológico deberá acudir la persona trabajadora para este segundo reconocimiento.
Si la persona trabajadora se niega, sin justificación alguna, a someterse a este segundo reconocimiento médico prescrito por el servicio de prevención, existiría la posibilidad de que la empresa denegase la solicitud de proporción de gafas o lentes graduadas correctivas.
¿LAS EMPRESAS DEBERÁN ABONAR EL COSTE DE LAS GAFAS O LENTES GRADUADAS O PODRÁN PROPORCIONÁRSELAS DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS?
El TJUE confirma en su sentencia que la obligación de las empresas de proporcionar a las personas trabajadoras gafas o lentes graduadas puede cumplirse a través de dos opciones, bien mediante la entrega directa de dicho dispositivo adquirido directamente por parte de las empleadoras, o bien mediante el reembolso de los gastos que la persona trabajadora justifique.
No obstante, la sentencia excluye expresamente la posibilidad de que se abone directamente un complemento salarial de carácter general a las personas trabajadoras por tal concepto. En este sentido, deberán analizarse como afecta la nueva sentencia a los supuestos en los que, con anterioridad a ser dictada, las empresas ya hubiesen abonado un complemento por este mismo concepto, a fin de no incurrir en una duplicidad de coste por el mismo concepto.
Hasta que no se establezcan tales limites económicos bien legalmente, o bien a través de nuevos convenios colectivos, una posibilidad sería promover y alcanzar acuerdos sobre los mismos con los comités de empresa, o, en su defecto, acuerdos individuales con las personas trabajadoras.
En los casos en los que las empresas opten por la entrega directa de gafas o lentes graduadas a las personas trabajadoras, podrán encargarlas a una óptica concreta, siendo ésta quien deba emitir y entregarles las facturas. Incluso existe la posibilidad de que las empresas suscriban convenios con ópticas que les pudieran favorecer por tener ventajas económicas y facilitar la gestión de facturación y pago.
Si en cambio, las empresas optan por que sean las personas trabajadoras quienes elijan a su voluntad la óptica, será las personas trabajadoras quienes deberán aportar a las empresas la justificación del importe del gasto de adquisición, mediante recibo o factura válida, para que se proceda a su reembolso oportuno.
¿EXISTEN LÍMITES ECONÓMICOS RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR EL COSTE DE LAS GAFAS O LENTES GRADUADAS?
Tampoco existe todavía normativa ni doctrina jurisprudencial que establezca un límite económico respecto a las gafas o lentes graduadas, que las empresas deban sufragar.
El coste mínimo que las empresas puedan fijar deberá garantizar, en todo caso, la adquisición de unas gafas o lentes que cubran las necesidades de la graduación prescrita facultativamente en base a los precios de mercado.
Debido a que el tipo de graduación requerida puede suponer un coste superior a otra, las empresas deberán valorar este extremo a fin de concretar los criterios de limitación de costes en base a los precios ofrecidos en el mercado.
En este sentido, las empresas deberán tener en cuenta que podrían incurrir en discriminación respecto a las condiciones de sus personas trabajadoras, si, por ejemplo, deciden aprobar un presupuesto fijo para todas las solicitudes, que podría implicar que una persona trabajadora que requiera menos graduación pueda acceder a una gama superior a la que podría acceder otra persona trabajadora con mayor graduación, por tener ambas el mismo presupuesto.
Asimismo, las empresas también podrían incurrir en discriminación en caso en que aprueben presupuestos por un coste superior, que no se pudiera justificar en base a las necesidades preventivas o correctivas prescritas, si no que el mismo se justificase debido a la gama, marca o diseño de las gafas o lentes graduadas.
Para evitar tal situación, la solución pasaría porque las empresas soliciten diversos presupuestos a fin de fijar el importe a costear en base a una valoración de los precios de mercado. En caso en que se detecte que la propuesta entregada por la persona trabajadora es superior al precio de mercado, la empresa podría atender únicamente el importe suficiente para cubrir el coste fijado por un presupuesto inferior.
¿TIENEN LAS MUTUAS DE PREVENCIÓN ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD RESPECTO A ASUMIR EL COSTE DE LAS GAFAS O LENTES CORRECTIVAS?
Del debate surgido tras la sentencia del TJUE, también se origina el debate respecto a si, teniendo en cuenta que las mutuas de prevención de riesgos laborales contratadas por las empresas deben cubrir los tratamientos médicos necesarios en caso de ocasionarse un accidente de trabajo, las mismas deberán asumir el coste de las gafas o lentes graduadas en aquellos casos en que se acredite que su uso se requiere derivado de una patología causada a la persona trabajadora por el uso continuado de las pantallas de visualización en el desempeño de su trabajo.