Zeres Abogados estima que comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno central podrían tener que abonar una suma cercana a los tres mil millones de euros en indemnizaciones a cientos de miles de empleados públicos a quienes, según asegura, han venido contratando temporalmente más tiempo del permitido por la normativa de la Unión Europea (UE).
A través de su Observatorio Zeres, el despacho ha publicado un informe en el que se estima que las administraciones públicas españolas podrían enfrentarse a un coste millonario debido al abuso de temporalidad en los contratos de empleados públicos. Este abuso, que afecta principalmente a municipios y comunidades autónomas, podría resultar en el pago de estas indemnizaciones.
Según el informe, cerca de 1,1 millones de empleados públicos en España tienen contratos temporales, lo que representa casi un 30% del total de empleados en este sector. De estos, entre 250.000 y 300.000 podrían estar en situación de abuso de temporalidad, habiendo trabajado bajo contratos temporales por un período superior al permitido por la normativa europea.
El despacho señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado en múltiples ocasiones en contra de las administraciones españolas por esta práctica, exigiendo compensaciones económicas o la regularización de los empleados en situación de temporalidad. Las indemnizaciones podrían alcanzar los 33 días por año trabajado o incluso más, dependiendo del caso, lo que podría suponer compensaciones superiores a los 10.000 euros por persona.
Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, destaca que “el TJUE deja dos alternativas claras: o bien las administraciones pagan las compensaciones económicas, o regularizan a estos trabajadores haciéndolos fijos”. La situación está generado incertidumbre, ya que el coste final dependerá de cómo se implementen las resoluciones judiciales en los tribunales españoles.