Transcurrido más de un mes desde la declaración del estado de alarma, resulta complicado, por no decir «imposible», el abordar, en un foro como éste, cuestiones que no estén relacionadas con la pandemia, sus consecuencias —sobre todo, el trágico reguero de muertes y de dolor— y las medidas para paliar el desastre. El resto de asuntos de hipotético interés han quedado en un segundo plano. El Covid-19 acapara todo, por lo que haré una reflexión, en la que espero no aburrirles mucho, sobre cómo se van a financiar las anunciadas prestaciones. Y es que las medidas que se están adoptando, —al igual que un coche necesita de «gasolina»— precisan de «dinero», muchísimo dinero, para echar a andar.
Hace unos días un buen amigo, —con indisimulado orgullo de padre—, me enviaba un interesante artículo escrito por su hijo y titulado «Pan que no es nuestro para hoy, hambre para mañana». El chaval, de 23 años de edad, Enrique González Fontán, tras un brillante y detallado estudio, llega a unas conclusiones que sorprenden por la precocidad de quien las emite. Debo reconocer que, sean acertadas o no, me hicieron reflexionar y las sometí a varias lecturas, pues están exentas de toda pátina de arrogancia, pretensión de epatar o apelaciones a lo retórico y en ellas no subyace ni la crítica, ni el partidismo ni la ideología, en definitiva, son reflejo de las ventajas de ser joven y de no estar contaminado.
Analiza la Deuda Pública en España como «Problema Estructural Futuro» y nos recuerda que hoy en día el dinero que nuestro país genera «no es nuestro» pues la deuda pública, que llevamos años sin amortizar, asciende a más del 95 % de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, cada habitante debe 25.530 Euros. Por ello, la subida de ese porcentaje de deuda pública con las nuevas medidas que el Gobierno está anunciando va a suponer un clamoroso «Pan que no es nuestro para hoy, hambre para mañana». Y concluye diciendo que van a ser ellos, —los que ahora tienen veintitantos años o menos—, los que acabarán pagando esta deuda pues alguien la tendrá que pagar…. Cuando hablamos de «Deuda Pública» es porque alguien le ha dado el dinero al Estado, y ese alguien, más tarde o más temprano, quiere recuperar lo que presta.
Tras leer las disquisiciones del bueno de Enrique confirmé, consultando otras publicaciones —que hoy trataré de resumir—, que España encara la crisis del coronavirus con una pasmosa deuda pública, lo que limita el margen disponible para actuar. El pasivo de las Administraciones escaló en enero de 2020 hasta los 1.195.942 millones de euros (¡¡más de un billón de Euros!!), según los datos publicados recientemente por el Banco de España. De acuerdo a los cálculos del Ministerio de Economía, ello representa un 95,8% del PIB.
De ahora en adelante, —por la vía de decisiones del Consejo de Ministros anunciadas a bombo en platillo en ruedas de prensa y en Twitter—, tanto la deuda como el déficit acelerarán su incremento para intentar frenar la destrucción de actividad que está causando la epidemia.
Mucho se ha hablado sobre los ERTE, —ya «hasta los niños y niñas de este país saben en qué consisten»— y sobre esas nuevas Prestaciones que se van a dar (desempleo a no cotizantes durante el tiempo antes necesario, renta universal, ayuda a autónomos y empresas para remontar el vuelo, exenciones de cotización a la Seguridad Social, subvenciones de todo tipo) y no pretendo aquí comentarlas, alabarlas ni criticarlas pues la humilde opinión de quien esto escribe poco vale. «Doctores tiene la Iglesia» … y la Economía y la Política… que están analizando y extractando todo lo que se decide. Pero dado que va ser una cantidad brutal, ¡descomunal me atrevo a decir!, de dinero, lo que me hago es, desde hace días, una pregunta. La pregunta es el título de esta modesta aproximación al asunto.
ESTADO DE BIENESTAR
Según hemos leído en la prensa estos días (extractaremos más adelante noticias de algún diario) y según se nos insiste en todos los medios, el Ejecutivo sigue diseñando su nuevo «Ingreso mínimo vital» para que se beneficien tres millones de personas en un millón de hogares. Se rumorea que irá desde 500 euros mensuales a los 950 si hay dos hijos y su puesta en marcha la anuncian ahora como inmediata. Parece que está enfrentando al Gobierno de coalición pues hay quien no lo ve claro y se sumará a un laberinto de ayudas sociales que ya hoy en día se conceden en España. Me atrevo a afirmar que no se sabe la cuantía total de esas ayudas que sale de las Cuentas Públicas pues no es solo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que paga estos subsidios a los parados, también lo hacen, de forma complementaria, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Hemos tenido acceso a un interesante trabajo que da una idea sobre el asunto. El informe es «El sistema de garantías de ingreso en España» dirigido por el catedrático Luis Ayala y en él se identifican más de 20 prestaciones distintas en el SEPE. Por medio de interesantes diagramas y gráficos nos hace ver cuáles son esos subsidios, a los que habría que sumar los regionales y locales. Se trata de paliar la pobreza y de reducir los estragos del desempleo. Además de a parados que han agotado su prestación o no han cotizado lo suficiente, también están destinadas a personas que regresan a España tras haber trabajado en diversos países, para los que han salido de prisión o para trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura. La veintena de subsidios que cita el profesor Ayala también incluye prestaciones para mayores de 55 años, o la renta activa de inserción, además del subsidio extraordinario de desempleo.
Se ha intentado un control del asunto que permita evitar duplicidades y que tienda a un reparto más justo. Hoy, los servicios públicos de empleo de cada Comunidad Autónoma conceden una «ayuda familiar» de la que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de determinada cantidad al mes. A estos subsidios se sumó hace unos meses la recuperación de la ayuda para mayores de 52 años. Paralelamente, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales. Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente. En la mayoría de los casos se exige estar empadronado en esa región un mínimo de un año antes de solicitar la ayuda. En Cataluña, por ejemplo, se denomina «renta mínima de inserción» y su importe mínimo es de 105,93 euros, pudiendo llegar a 645,30 según el número de miembros de la unidad familiar. En Madrid tiene la misma denominación y su cuantía mínima es de 400 euros. Son datos de los que se está hablando mucho estos días en la prensa nacional al analizar lo que van a suponer las nuevas medidas del Gobierno.
Hoy, los servicios públicos de empleo de cada Comunidad Autónoma conceden una «ayuda familiar» de la que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de determinada cantidad al mes.
Todo esto, —junto con Asistencia Sanitaria Universal y las prestaciones de Baja Médica, de Incapacidad Laboral, de Jubilación y de Viudedad—, forma parte de lo que se ha denominado el «Estado del Bienestar», del que tan orgullosos estamos en España («en este país» dirían algunos ministros). No es muy sabido, —y desde luego no es publicitado por nuestros gobernantes— algo que a mucha gente sorprenderá. Me refiero a que estas prestaciones nacen, tienen su germen, en 1908 con la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP), organismo que duró hasta 1978. Constituyó la primera institución oficial encargada de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria en España.
Algunos no creerán —o, si lo saben, querrán olvidarlo— que nuestro admirado y querido «Estado del Bienestar» nace en la época de Alfonso XII y va creciendo entre esa fecha y 1978 a través de lo que organizaba y decidía el INP. La Ley que lo creó preveía que el Estado organizase un Instituto Nacional de Previsión para los fines de «difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de pensiones de retiro». La creación del Instituto constituye realmente el paso inicial en materia de política social de previsión, en cuanto fue el órgano que preparó o inspiró cuanto con posterioridad se ha elaborado sobre seguros sociales obligatorios. En este sentido, el INP fue un ente gestor de seguros sociales. Es, por tanto, el organismo gestor de mayor entidad y más larga vida (1908-1978) que ha conocido nuestro régimen de seguros sociales, precedente sin el que nuestro mundialmente admirado actual Sistema de Seguridad Social resultaría inconcebible.
Tras un acuerdo alcanzado en los «Pactos de la Moncloa», —de los que, por cierto, tanto se está hablando también ahora—, se extinguió dejando paso a todos estos organismos que fueron creados en ese año 1978:
- — Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), prestaciones médicas;
- — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), prestaciones económicas;
- — Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), gestión de servicios sociales;
- — Instituto Social de la Marina (ISM) servicios y gestión de estos para los trabajadores del mar;
- — Tesorería General de la Seguridad Social
He querido traer ese Instituto a este comentario pues me recuerda a alguien queridísimo por mí, pero también porque su denominación incluye una palabra que me temo no está siendo muy tenida en cuenta al legislar estos días. Me refiero a «Previsión», en la acepción del diccionario de la Real Academia de «Acción y efecto de prever», debiendo ser definida la palabra «Prever» como «Disponer o preparar medios contra futuras contingencias».
Lo digo —y no sé si será ya plantear demasiadas interrogantes— pues me pregunto si los Ministros implicados en las medidas que se están tomando, han «previsto» si tenemos o no capacidad de generar más Deuda Pública. Y es que esa va a ser la única forma de pagar los miles de millones que están prometiendo. Pues supongo que no lo querrán hacer a través de «recortes», ni pretenderán someter a mayor presión fiscal a la gente o a las empresas en los tiempos que se avecinan.
Me da la impresión (¡¡Ojalá me equivoque!!) de que no lo están haciendo, es decir, no están siendo previsores y están tirando para adelante, con su diarrea legislativa, sin saber muy bien de dónde van a sacar el dinero. Parece ser, por ejemplo, según leemos hoy mismo en la prensa, que el coste de la Renta Mínima Vital va a ascender a otros 5.500 millones de Euros anuales.
DEUDA PÚBLICA
Y es que la deuda pública es un problema que tiene atada de pies y manos a España y a algunos otros países de nuestro entorno. Pero aquí predomina la idea de que puede crecer de forma indefinida. En esa línea, alguien ha llegado a decir que «…el dinero público no es de nadie». Parece no haber problema pues al final alguna fuerza misteriosa acabará tragándosela. Lo triste es que no será así y serán nuestros hijos y nietos los que se la comerán con patatas pues, evidentemente, se paga, porque ese dinero es siempre de alguien que al final, más tarde o más temprano, quiere recuperar lo que en su momento prestó más los intereses.
Hago mías —espero que con su permiso— las palabras del socialdemócrata ex primer ministro sueco Göran Persson cuando afirmó que «si un país gasta más de lo que gana, deja de ser soberano porque depende de los acreedores y, si no es soberano, los ciudadanos no deciden su destino y ya no es demócrata, ni tampoco puede ser social».
La deuda pública española se ha elevado año tras año y ha llegado a los antes mencionados 1,2 billones de euros. Esos números son contundentes y no engañan. Ahora van a aumentar muchísimo. Que tiemblen nuestros hijos y nietos.
Ante el caos provocado y el «encierro» instado por el enemigo invisible, el FMI aconseja que las autoridades fiscales y monetarias estén preparadas para reforzar las medidas adoptadas. Se nos dice que, si los frenos a la actividad económica persisten, habrá que elevar la escala de las medidas fiscales ya anunciadas. Insisten desde el FMI en que un amplio estímulo fiscal puede prevenir una caída mayor de la confianza, levantar la demanda y evitar una recesión aún mas profunda, pero aconsejan que esto se haga una vez que el brote se esfume y la gente ya pueda moverse libremente.
«La crisis económica provocada por la Covid-19 es radicalmente diferente de todas las otras recesiones», afirma el FMI y nos explica que lo que otras veces comenzaba por los mercados financieros ahora arranca desde la economía en su sentido mas básico pues los contagios, las cuarentenas, el confinamiento y el distanciamiento social reducen la movilidad con efectos especialmente fuertes en sectores como viajes, hostelería, entretenimiento y turismo.
Asimismo, el cierre de los lugares del trabajo perturba las cadenas de suministro y baja la productividad. Los despidos, las reducciones de la renta, el miedo al contagio y un aumento de la incertidumbre provocan una reducción fuerte del gasto, lo cual desencadena cierres de empresas y destrucción de empleo. El resultado final es, «el cierre de facto de un porcentaje significativo de la economía mundial».
Insisten desde el FMI en que un amplio estímulo fiscal puede prevenir una caída mayor de la confianza, levantar la demanda y evitar una recesión aún más profunda
Ante ello, ¿el remedio en España?, me temo que más Deuda pública… Pero es que esta figura es una losa para el futuro económico de España y Europa. La previsión del FMI de que la deuda española alcanzará el 113% del PIB en 2020 supone una nueva advertencia sobre los riesgos de insostenibilidad de las finanzas públicas. Diez años de austeridad y disciplina presupuestaria quedarán anulados por un trimestre de pandemia y confinamiento.
España será uno de los países más perjudicados por una generalizada subida de la deuda pública, consecuencia de la recesión más grave registrada desde la Gran Depresión y de las medidas adoptadas para apoyar los sistemas de sanidad y a los casi cuatro millones de trabajadores afectados por los ERTE durante el período de cuarentena. Habrá un preocupante descuadre en las cuentas.
El fondo prevé que se triplique el déficit español. Pasará del 2,6% del PIB en el 2019 al 9,5% este año. La deuda pública española no solo rebasará el listón simbólico del 100% del PIB, sino que subirá del 95,5% en el 2019 hasta superar el 113% del PIB este año.
La explosión de la deuda pública es un fenómeno global. La pandemia «provocará un aumento considerable de los déficits y la deuda publica en relación con el PIBen todos los países», prevé el FMI. «Los ingresos fiscales caerán aun mas que el PIB», advierte.
En España, a la imponente y brutal cantidad de dinero que tendrán que gastar el SEPE y otros organismos públicos, le tendremos que sumar —parece ser que a partir de mayo— la ya más arriba comentada «Renta Mínima Vital». Insisto en lo antes dicho respecto a que hay algunos rumores sobre cuáles van a ser sus condiciones, requisitos y características, pero por ahora, como decía un popular locutor de radio hace unos días «…No sabemos si es mínima, es básica, es universal, es para todos, mucho o poco tiempo, un impuesto negativo, quién lo financia, quién lo gestiona. Pero vamos a ver la cara que ponen nuestros amigos holandeses, finlandeses, alemanes... a los que les estamos pidiendo los eurobonos, cuando se enteren de que con su dinero vamos a poner en marcha unas prestaciones que ellos no tienen o no pagan a sus nacionales…»
Es obvio y evidente que nadie va a criticar que las diversas Administraciones Públicas ayuden a las familias en situación más vulnerable. Pero es una novedad —esto de la renta mínima vital, los millones de nuevos parados o en situación de ERTE y los cierres de empresas— que va a generar un gasto público absolutamente descomunal («significativo» según el ministro de Seguridad Social), en un muy próximo futuro que se caracterizará por el simultáneo hundimiento de los ingresos fiscales y el crecimiento extraordinario del gasto de las administraciones públicas. ¿Habrá alguien que preste dinero a «este país»?