Tres banderas presiden el despacho de Julio del Valle de Íscar en el Ministerio de Igualdad: la de España, la del orgullo arcoíris y la del orgullo trans. El director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ+ llegó hace siete meses escasos al número 37 de la madrileña calle Alcalá. Lo hizo de la mano de la ministra Ana Redondo, en un momento convulso por la oposición de algunas dirigentes de su partido, el PSOE, a la autodeterminación de género prevista en ley trans que impulsó Irene Montero. Aunque confiesa que actualmente se trata de un debate superado en el Gobierno y en Ferraz, está "absolutamente a favor de la ley". "Una mujer trans es una mujer, y hombre trans, un hombre", declara. Cuando se realiza esta entrevista, faltan dos semanas escasas para que comience oficialmente la celebración del Orgullo, pero su agenda ya es un ir y venir de compromisos. Se acaba de publicar la propuesta de real decreto sobre el plan LGBTIQ+ en las empresas de más de 50 personas trabajadoras, está a punto de intervenir en el WorkPride de la red profesional myGwork, un evento digital que busca fomentar el empleo de las personas LGBTIQ+, y cogerá un tren con destino a Galicia al finalizar para participar en unas jornadas universitarias. Entretanto, el exdiputado en el Congreso por Valladolid recibe en el Ministerio de Igualdad a Capital Humano.
Recientemente ha participado en diálogos con la sociedad civil sobre la denominada Ley Trans. ¿Se han cosido las heridas internas de su partido a cuenta de la autodeterminación de género prevista en la ley, aprobada con la abstención de Carmen Calvo o la oposición de la senadora Susanna Moll?
Por supuesto. En el PSOE hay una dirección, que la lleva el presidente del Gobierno, que es el secretario general del partido. El secretario general y el presidente ha tomado una determinación, si no ahora mismo no tendríamos la ley. Piense que de todos los diputados que votamos, 120 éramos del PSOE. Si no tuviéramos una dirección clara en relación con el texto o la autodeterminación del género, no tendríamos ley actualmente. Somos un partido de izquierdas, y cuando eres una persona de izquierdas, estás muy abierto a todas las opiniones, a todas las discusiones, pero una vez que el órgano de dirección del partido toma una dirección, estamos todos en la dirección. Eso no significa que cada uno no pueda tener su propia opinión, pero que el partido está cerrado en torno a una decisión que toma el presidente del Gobierno, eso es claro y evidente.
Es decir, ¿Pedro Sanchez dice una cosa y se ejecuta?
La Ejecutiva del partido. Yo no estoy a favor de todo lo que hace mi partido, pero no significa que no sea leal al proyecto del partido. Nuestro partido es un partido de gobierno, que decide sobre la vida de millones de personas, sobre temas muy dispares. Y eso no significa que tenga que estar absolutamente de acuerdo con todo. Lo que sí que tengo que estar es, cuando el partido toma una dirección, estar en esa dirección, que es en la que está todo el partido.
Se lo preguntaba porque sigue habiendo voces que critican que Isabel García, también de su partido, sea directora del Instituto de las Mujeres después de negar la existencia de las mujeres trans o hablar de "delirio", aunque pidiera disculpas por ello tras acceder al cargo.
Yo comparto tiempo con la compañera Isabel. Al igual que hay mucha gente en el partido que tuvo una posición diferente en el momento del debate de la ley, cuando la ley se votó y salió hacia delante, estamos todos en el mismo barco.
¿Pero comparte los comentarios que hizo?
Yo tengo mi propia opinión sobre lo que yo comparto y lo que dejo de compartir, y estoy absolutamente a favor de la ley trans.
¿Las mujeres trans qué son?
Mujeres. Y los hombres trans, hombres. Es mi opinión, y más importante que la mía, es la del presidente del Gobierno y la de la ministra de Igualdad, que lo ha dicho por activa y por pasiva.
Hace unas semanas, la vicepresidenta Diaz anunció un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre las condiciones laborales de las personas LGTBIQ+. Aunque ya se conoce la propuesta sobre el real decreto, las empresas están esperando la aprobación definitiva del propio real decreto. ¿Sabe cuándo estará en vigor?
Fecha en el calendario, no lo sé. Está en trámite de urgencia. Creo que en breves semanas estará. En todo caso, a principios de julio como muy tarde.
La propuesta de real decreto, que recoge que las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrán que hacer formación específica en los procesos de selección o que se tendrán que reabrir los convenios colectivos para negociar las medidas LGBTI, establece que, en el caso de que un trabajador tenga cocimiento de que otro está sufriendo acoso o discriminación LGTBI, no puede presentar denuncia salvo que recoja el "consentimiento expreso e informado" de la víctima "para iniciar las actuaciones del protocolo". ¿No es un tanto contradictorio? Por ejemplo, en el ámbito de la violencia machista, si una mujer no quiere o no puede denunciar a su agresor por una situación de dominación o anulación, quien tenga conocimiento no solo puede, sino que debe denunciar.
Claro, pero ser mujer es un hecho público. Ser gay o lesbiana o bisexual es una información reservada a una persona. Si yo no quiero transmitir mi orientación sexual y viene un tercero y lo denuncia por mí, haciendo público un dato personal, a lo mejor, al final, al informador le puede caer una sanción por manifestar la orientación de otra sin su consentimiento.
Claro, pero la homofobia se refiere a la orientación sexual que un tercero presume de otra persona, sin necesidad de que realmente la persona agredida sea o no homosexual. Es un ataque contra la homosexualidad.
Pero cuando estás en el arco de una empresa, se trata de un grupo muy pequeño de trabajadores. Estas agresiones se pueden producir en un ámbito muy controlado de tu entorno. Se está dando información que nosotros entendemos que es muy reservada. Esos comentarios a veces no son delito. Lo primero que tenemos que proteger es la orientación sexual y las ganas que tiene esa persona de manifestarla o no. Tiene una parte de protección de datos.
¿Esta legislación será suficiente para abordar el hecho que, según UGT, el 40% de las personas LGTBI vuelva al armario en el trabajo por miedo o que un 78% haya sufrido violencia verbal y física en su empleo?
Bueno, es un primer paso. De hecho, somos el primer país del mundo que hace este paso. Ningún país tiene una legislación parecida. Sí que es verdad que las grandes empresas tienen un gran interés por hacer medidas para fomentar el buen entendimiento hacia la diversidad en todas las empresas. Estoy muy contento. En equis años se valorarán los instrumentos que se han puesto en marcha. Ahora mismo lo importante no es que todas las empresas tengan que dar un gran paso, sino pequeños pasos para incluir la cultura de la diversidad en las empresas; que de todo esto se hable en la empresa porque ser LGBTIQ+ también es ser trabajador. Abrir las empresas a los derechos de las personas LGBTIQ+ es un enorme paso.
Hay tres partes importantes: una es el acceso al empleo en términos de igualdad; otra la carrera profesional, que ser LGBTIQ+ no limite carreras profesionales en el futuro, y temas relacionados con transiciones que se puedan dar dentro de la empresa, como los días que necesitas para ir al médico, porque si entendemos que no es una patología, que es un derecho de la persona, las empresas tienen que estar vinculadas a la satisfacción de ese trabajador.
Entidades LGBTI o contra el racismo reclaman el funcionamiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; organismo encargado de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación o solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa. ¿Cuándo estará operativa?
No está en esta Dirección General, sino en la de Igualdad de Trato, pero está avanzando porque es crear un organismo nuevo, y esa gran autoridad tiene que velar por la igualdad de trato en temas LGBTIQ+, de racismo, etnia, discapacidad… Crear una estructura es negociar funcionarios, tiene sus trámites en Función Pública, etc. Y este año con elecciones, hacer gobierno, consejo de ministros en funciones…
¿Qué otros planes tiene previsto acometer a corto plazo?
Lo más importante es la estrategia LGBTIQ+, que tenemos que pasar por el acuerdo sectorial, que lo que hace es aterrizar la ley en todos los ministerios con acciones. La ley ya marca un espacio de las políticas públicas, educación, empleo…, pero todos esos grandes objetivos hay que aterrizarlos con acciones de tipo anual o cuatrienal para ver cómo van cumpliendo. Todo esto requiere cierta planificación y el instrumento de planificación es la estrategia nacional, que es una estrategia que tenemos en fase de borrador muy cerrada y que esperamos, después de verano, en una estrategia sectorial con los consejeros y consejeras de las comunidades, tener ese tramite de aprobación.
¿Cómo es la relación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
En Madrid, la Dirección General de Igualdad es la que tiene las competencias LGBTI. Estamos con el recurso del Constitucional por el vaciamiento de las leyes LGBTI y trans de la Comunidad de Madrid. El Defensor del Pueblo ha presentado su recurso y estamos pidiendo informes a la Comunidad de Madrid porque hemos habilitado un sistema para intentar llegar a una especie de arbitraje, de medicación, sin tener que llegar al Constitucional, y estamos en ese trámite: que nos responda a los puntos que les hemos requerido porque pensamos que hay un conflicto de derechos con la ley trans estatal. La relación es buena, de colaboración, pero tenemos estos puntos de divergencia con la Comunidad. De hecho, el otro día tuvimos una reunión con la consejera y con la directora general de Igualdad y les expusimos que no se puede patologizar a los niños y niñas trans, que para acceder a una serie de cuestiones tengan que tener un informe previo de un psicólogo, etc.
¿Plantearán recurso?
Si no se aviene o responde, cogeremos la vía del recurso.